La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha publicado el informe "Inversión educativa. Desescalada y medidas educativas" en el que realiza un análisis de la situación actual durante la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus e incluye las medias educativas más urgentes para el curso 2020-2021.
El informe incluye las partidas de inversión necesarias para garantizar un desarrollo idóneo del trabajo por parte de los profesionales de la educación, docentes y personal de administración y servicios en función de la evolución de la pandemia de Covid-19.
Como consecuencia de la crisis sanitaria, la nueva normalidad en los centros educativos hace imprescindible que las ratios se reduzcan a 15 personas por aula, sobre todo en las etapas de Infantil y durante toda la educación obligatoria.
La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) calcula que, ante un posible rebrote del virus, es necesaria una inversión total de 7.385.102.443,36 millones de euros repartidos entre contratación de docentes, programas de compensación, formación del profesorado y provisión de equipos y sistemas tecnológicos que faciliten la equidad y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el día a día de los centros.
La conclusión es que en esta nueva etapa que se inicia es necesario reforzar la enseñanza pública para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, incrementando los mecanismos de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, con el fin de lograr un sistema de mayor calidad y más equitativo en todo el Estado.
Para colaborar en su difusión, a continuación facilitamos la transcripción completa del documento original:
Inversión educativa | Desescalada y medidas educativas
1. Introducción
La suspensión de las clases presenciales provocada por la pandemia del Covid-19 ha exigido y exigirá, al menos durante todo el curso 2020-2021, un replanteamiento del desempeño de las tareas educativas, de las oportunidades de aprendizaje para todo el alumnado, del trabajo del aula, de las y los docentes, del reconocimiento de los aprendizajes fundamentales y las competencias básicas, y de los procesos de formación inicial y permanente del profesorado y del resto de profesionales vinculados con la educación. En suma, del sentido mismo de la educación.
Este escenario exigirá la puesta en marcha de un Plan de Inversión Educativa que dote a los centros de los recursos materiales, humanos y tecnológicos oportunos.
El curso 2020-2021, en el que es previsible que haya que compatibilizar la educación presencial con la enseñanza en línea, plantea enormes retos que exigirán incrementar las plantillas docentes y de otros perfiles profesionales, dotar de medios tecnológicos adecuados al profesorado, a los centros y al alumnado que lo precise para paliar la brecha digital, y dimensionar las plataformas digitales existentes para que puedan atender los nuevos y crecientes requerimientos que este escenario demanda.
Es fundamental acometer igualmente un Plan de Seguridad, Salud e Higiene que permita establecer con claridad las medidas higiénicas y sanitarias para garantizar las condiciones adecuadas para profesionales y alumnado, evitando que los centros puedan convertirse en un foco que contribuya al rebrote de la epidemia.
Además, es preciso que se tomen medidas educativas que permitan encarar el próximo curso teniendo en cuenta la situación vivida en los últimos meses y sus consecuencias para toda la comunidad educativa.
Todo ello debe ser negociado con las organizaciones sindicales representativas en las diferentes mesas existentes, tanto en el Estado, como en las comunidades autónomas.
2. Una situación de incertidumbre
La crisis sanitaria y social que vivimos con motivo del Covid-19 nos enfrenta a una gran incertidumbre y hace necesaria la toma de decisiones que despejen, aunque sea parcialmente, el futuro más inmediato.
Esta situación nos ubicará ante dos realidades:
- La primera, que el curso próximo comience dentro de unos márgenes más o menos “normales” de actuación dentro de los parámetros sanitarios, con los refuerzos, apoyos y cambios educativos que sean necesarios para recuperar y paliar las consecuencias de la brecha digital y de las diferencias socioeducativas de acceso al conocimiento.
Cualquier medida que esta situación o cualquier otra demande, en este nuevo contexto, debe vertebrarse desde la equidad y la inclusión, y debe anclarse en los aspectos vitales del alumnado: familias en paro, en ERTE, con necesidades básicas no resueltas, con deficientes conexiones a Internet o imposibilidad de conexión en muchísimos casos, etc. - La segunda, que se produzca, como parecen indicar todos los informes científicos, un rebrote de la pandemia que nos obligue nuevamente a suspender la actividad educativa presencial.
Ante estos dos complicados escenarios, la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) considera especialmente importante plantear una serie de propuestas que puedan ayudar a despejar, en la medida de lo posible, la incertidumbre y complejidad de esta situación y del retorno a las aulas.
En este sentido, entendemos que el próximo no va a ser un curso normal, como el final de este tampoco lo está siendo. La posibilidad de una vuelta escalonada, de periodos de confinamiento intermitentes y de continuar con la educación en línea son posibilidades que hay que tener muy en cuenta.
Desde FECCOO reivindicamos nuestro papel como representante mayoritario en el ámbito educativo y, por tanto, demandamos la creación de un grupo de trabajo en el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y de las distintas comunidades autónomas para diseñar el próximo curso en sus distintos escenarios. De igual manera, exigimos la interlocución continua con el MEFP para participar tanto en el diagnóstico como en las propuestas que sean necesarias para configurar este diseño.
3. Plan de medidas educativas para el curso 2020-2021
En el contexto de la finalización del actual curso, ya en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado del 7 de abril, FECCOO defendió un conjunto de propuestas que tendrán, sin duda, validez ante las circunstancias no conocidas del comienzo y desarrollo de, al menos, el curso 2020-2021.
Como principios rectores sobre los que pivoten el resto de las medidas, la Federación de Enseñanza de CCOO considera que:
- En la nueva etapa que se inicia es obligatorio reforzar la educación pública invirtiendo más recursos, porque es la única forma de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, e incrementando los mecanismos de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, con el fin de lograr un sistema educativo de mayor calidad y más equitativo en todo el Estado.
- Creemos que es el momento ideal para que el MEFP ponga en marcha una auditoría del sistema educativo. Es imprescindible saber qué ha pasado durante los últimos años, qué recursos se necesitan para afrontar esta nueva etapa, con qué infraestructuras cuenta, qué implantación hay de la enseñanza en red, etc., y establecer un gran Pacto Social por la Educación.
- Debe asegurarse que todo el profesorado, personal laboral y funcionario de administración y servicios y el alumnado puedan realizar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en las mejores condiciones posibles. Las administraciones educativas y los centros han de ofrecer el apoyo material necesario y de todo tipo tanto al profesorado y al personal de administración y servicios y apoyo educativo, para llevar a cabo sus responsabilidades educativas de enseñanza-aprendizaje o el resto de sus labores y funciones, como al alumnado, para cumplir sus responsabilidades educativas. Se tendrá especialmente en cuenta a los alumnos y las alumnas que por circunstancias socioeconómicas y/o familiares no gocen de los recursos tecnológicos, materiales y humanos que les permitan un acceso equitativo y de calidad a las distintas fuentes del conocimiento (físicas o virtuales).
- El profesorado, así como el personal de servicios educativos laboral y complementario, son la pieza fundamental del sistema en cualquier circunstancia, pero más en la situación de crisis sanitaria y social a la que nos enfrentamos. En ningún momento se ha dejado de llevar a cabo la labor docente, lo que ha permitido que los procesos de enseñanza y aprendizaje continúen, incluso en el adverso panorama actual, marcado por la pandemia de Covid-19.
- Se hace cada vez más importante la necesidad de una adecuada coordinación entre las administraciones central, autonómicas y locales, así como entre las políticas sociales y las educativas. Así mismo, entendemos que el conocimiento profundo del contexto social nos debe ayudar a comprender mejor los problemas del sistema educativo a la hora de afrontar retos tan importantes como son incrementar y sostener las políticas necesarias para garantizar la equidad y avanzar hacia una escuela inclusiva, reducir el fracaso escolar, el abandono escolar temprano y mejorar el éxito educativo de todo el alumnado.
- La situación de pandemia actual no debe hacernos perder de vista los grandes ejes transversales que la educación, en su esencia, a nivel global, debe seguir desarrollando, como son los derechos de la infancia; la coeducación y perspectiva de género para prevenir la violencia y la discriminación de niñas y mujeres en una sociedad globalizada; el uso de la tecnología y educación digital, al servicio de la humanidad, de la que todos y todas formamos parte; el trabajo a favor de un aprendizaje reflexivo, significativo y competencial personalizado; y, finalmente, la educación para el desarrollo sostenible con miras a nuestra propia supervivencia.
En relación con el profesorado
1. Hay que reconocer que el profesorado está realizando en estas complicadas circunstancias un esfuerzo extraordinario. La situación que el colectivo docente está viviendo nos sitúa ante retos futuros, pero también inmediatos, que nos exigen abrir una reflexión profunda sobre la profesión, que nos permita repensar el modelo actual.
2. Es especialmente importante en estos momentos velar por el mantenimiento del empleo, reforzando las plantillas para atender las nuevas demandas del sistema educativo, garantizando la cobertura de todas las sustituciones y evitando el bloqueo en la contratación de profesorado interino.
3. Es preciso mantener y mejorar las condiciones laborales y retributivas del profesorado (empleo y salarios), que en la actualidad está haciendo un enorme esfuerzo, y lo continuará haciendo, por mantener la equidad y la calidad del proceso educativo, en muchos casos, en las condiciones no más adecuadas.
4. La excepcionalidad de la situación vivida durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, en la que se ha tenido que interrumpir la educación presencial y sustituirla por la enseñanza en línea, ha puesto de manifiesto que se requiere una regulación del teletrabajo del personal docente. Esta práctica laboral no aparece en ninguna de las órdenes o reales decretos que regulan la organización de los centros. El Ministerio de Educación y Formación Profesional no puede eludir la responsabilidad que le atribuye el artículo 149 de la Constitución. En este sentido, debe negociar con las organizaciones sindicales una regulación de este trabajo, al menos en lo que tiene que ver con:
- Cómo se computan las horas lectivas en teletrabajo.
- Ratios de alumnado.
- Condiciones de seguridad y salud.
- Derecho a la desconexión.
- Provisión de medios y recursos.
- Formación.
5. Creación de equipos multidisciplinares integrados por profesorado, personal de administración y servicios de centros educativos, profesionales sanitarios, socio-comunitarios, administraciones competentes y organizaciones sindicales, que establezcan protocolos de actuación en los centros educativos para prevenir la infección y el contagio, y dar respuesta en caso de nuevas medidas de confinamiento o alteración en el desarrollo de la tarea de enseñanza-aprendizaje.
6. Necesidad de proporcionar al profesorado apoyo socioemocional, ya que han tenido que enfrentarse a una emergencia educativa, sanitaria y social para la que no había respuestas establecidas, y para la cual no se le había dado ningún tipo de capacitación. De igual manera, como personal de riesgo, hay que dotar a las y los docentes, como al resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, de equipos de protección individual e incluir mecanismos que promuevan hábitos de salud y la prevención de contagios en los centros.
7. Se considera especialmente importante que todo el profesorado, profesionales y/o trabajadores/as educativos puedan recibir todos los medios tecnológicos y materiales, así como la formación necesaria para desarrollar su labor en las condiciones que un sistema educativo basado en los principios de calidad, equidad e inclusividad requiere, y en el contexto de excepcionalidad, de no retorno en educación digital, en que nos encontramos, manteniendo sus condiciones laborales y retributivas.
8. La docencia es una tarea cooperativa y colaborativa. La existencia de un espacio para que el profesorado trabaje junto, por el mismo fin, como actividad compartida, reflexione, comparta y prepare sus tareas, es una condición directamente relacionada con la calidad de la enseñanza. Este trabajo compartido que supone la docencia se hace en este momento más indispensable que nunca.
9. Reforzar las competencias para desarrollar procesos educativos en entornos digitales y de emergencia sanitaria, en los planes de Formación Inicial del Profesorado, tanto de Educación Infantil y Primaria como de Secundaria.
10. La Inspección Educativa jugará un papel fundamental en el apoyo a los centros desde la flexibilización de los marcos legales, para que puedan adaptarse de manera más autónoma a la realidad de su entorno y de su alumnado.
En relación con el personal de servicios educativos y complementarios
11. Los servicios educativos complementarios que se prestan en los centros son imprescindibles para lograr una mayor y mejor equidad e igualdad del alumnado. Debemos visibilizar, valorar y considerar el trabajo que el personal de apoyo educativo, socioeducativo y de administración y servicios lleva a cabo con el profesorado, las familias y el alumnado, como parte indisoluble de la tarea educativa.
12. En el sector del Personal de Administración y Servicios de los centros educativos públicos no tenemos datos fiables y suficientes sobre cómo ha evolucionado la contratación en los últimos años, pero es evidente que en periodos no lectivos se reducen mucho las sustituciones y contrataciones. Esta situación se agrava y traslada con mucha más incidencia y severidad en la situación que estamos viviendo de crisis provocada por el Covid-19. Fomentar ámbitos de negociación colectiva propios y específicos supondrá una mejora sustancial para dotar a los centros con más y mejores recursos, tanto humanos como materiales, que influirán positivamente para conseguir una mejor calidad de la educación, sin olvidarnos, como hemos mencionado anteriormente, de lo esencial que es el mantenimiento de la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los/las profesionales de nuestro sector.
13. Siempre ha sido fundamental, pero en estos momentos se hace imprescindible, negociar e implantar perfiles profesionales nuevos y específicos, así como la adaptación de los ya existentes. Por ello, proponemos y reivindicamos la urgencia de articular un plan de Inversión específico que garantice plantillas suficientes de trabajadores, trabajadoras y medios materiales para poder hacer frente a las nuevas necesidades de funcionamiento, organizativas y de gestión para los centros educativos que se deriven de esta situación de crisis creada por el Covid-19.
14. Hace falta una apuesta clara por el empleo estable en el sector educativo, y eso pasa por la interlocución con las administraciones competentes y, en definitiva, por la puesta en marcha de un gran pacto por el empleo, que abarque a todos los niveles educativos y a todos sus profesionales.
15. De forma urgente, y en base al II Acuerdo firmado para los empleados públicos sobre la recuperación del empleo, salarios y negociación colectiva, hay que requerir contundentemente a las distintas administraciones competentes e implicadas en cada ámbito la puesta en marcha de las medidas necesarias que permitan ofertar todas y cada una de las plazas de estabilización que aún no han sido convocadas.
16. Siempre hemos insistido en que para nuestro sector es fundamental tener una formación específica y permanente. En este momento de crisis, y atendiendo a la realidad actual, hace falta dar un salto sustancial en este apartado. La puesta en marcha de planes de formación específica y permanente tiene que ser una prioridad absoluta en los distintos ámbitos de negociación.
17. Es imprescindible que se realicen cursos de formación específica en materia de prevención, organización y gestión de crisis para poder afrontar eficientemente las medidas que se tengan que aplicar para convertir los centros educativos en lugares seguros en relación al Covid-19. También sería fundamental avanzar en la formación para mejorar y perfeccionar todo lo relativo a la utilización de las nuevas tecnologías y su aplicación en nuestro ámbito laboral.
En relación con el alumnado
18. El regreso a las clases presenciales, en el caso de que vuelva a producirse, va a requerir de unas normas de distanciamiento social muy difíciles de cumplir con las actuales ratios de alumnado por docente y aula. La Federación de Enseñanza de CCOO ha propuesto la inclusión en la nueva Ley Educativa de unas ratios máximas para las etapas obligatorias de 20 alumnos y alumnas en Primaria y de 25 en ESO. La nueva normalidad en los centros educativos hace imprescindible que las ratios se reduzcan sustancialmente, no siendo superior a 15 personas por aula, sobre todo en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.
19. En los centros de Educación Especial, dadas las características de una gran parte del alumnado, resulta muy complejo establecer las medidas de prevención necesarias para garantizar la salud de las y los profesionales y del estudiantado. Por ello, es urgente que, desde las administraciones, juntamente con las organizaciones sindicales, se determinen unas pautas y criterios de inicio de la actividad, que partan de una reducción de las ratios establecidas.
20. En la Enseñanza de Régimen Especial hay que destacar que, por sus características, pueden requerir de un tratamiento específico tanto en lo que tiene que ver con la seguridad y salud, que hemos recogido en el informe Propuesta de CCOO en materia de salud y seguridad en centros educativos: desescalada y curso escolar 2020-2021, como en su organización.
21. En las Enseñanzas Artísticas hay que adaptar los requisitos mínimos regulados en el RD 303/2010 para adecuar las ratios. Así mismo, en algunas de estas enseñanzas concurren circunstancias especiales, como el hecho de que algunos de los instrumentos de música (caso del piano) o de instrumentos de trabajo (caso de los talleres) se compartan, el uso de instrumentos de viento y voz que facilitan la dispersión del virus, o la dificultad para mantener las distancias de seguridad, como es el caso de enseñanzas de danza o arte dramático.
22. Las escuelas oficiales de idiomas y la educación para adultos tienen algunos elementos en común que recomiendan un tratamiento específico: por un lado, el alumnado puede alcanzar edades avanzadas y, por tanto, ser personal de riesgo o alto riesgo. Por otro, con frecuencia las escuelas de idiomas y los centros de educación para adultos comparten espacios con Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) e Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) (en muchos casos ocupando las mismas aulas, pero en horario vespertino), siendo este aspecto un vector de contagio del Covid-19. Presentan además una característica particular: en ambos casos las ratios reales son muy irregulares. Por ejemplo, en las escuelas oficiales de idiomas, donde la ratio máxima establecida por ley es de 25 personas, a menudo los cursos conducentes a certificación están masificados, especialmente en los idiomas más demandados: inglés, francés y alemán (respectivamente el 66%, el 13,3% y el 8,6% del alumnado total en escuelas oficiales de idiomas).
23. Es importante que en los procesos de escolarización para el próximo curso se tengan en cuenta las nuevas ratios de alumnado por aula que van a ser necesarias por seguridad en esta crisis sanitaria y social. En este sentido, las administraciones educativas, con la participación de las organizaciones sindicales, deben evaluar la situación de los espacios y las aulas en los distintos centros con el objetivo de ofertar las vacantes en concordancia.
24. La reducción de ratios propuesta por la Federación de Enseñanza de CCOO implica un desdoblamiento de las líneas actuales y, por tanto, un aumento de las vacantes ofertadas en el proceso de escolarización.
25. La situación excepcional que viviremos el próximo curso hace indispensable no solo que las ratios no se incrementen, sino que, en aquellos centros donde tengan unidades con pocos estudiantes, estas no se cierren, permitiendo así que el alumnado reciba una atención más individualizada y que otras unidades se aprovechen de los apoyos y refuerzos. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO consideramos que el Ministerio de Educación debe abordar este tema en el marco de la Conferencia Sectorial y establecer la legislación pertinente que evite la pérdida de unidades públicas y que posibilite que los centros puedan mantener líneas a pesar de no contar con el número mínimo de alumnado que las administraciones determinan.
26. A comienzo del próximo curso se realizará un proceso de adaptación de las competencias y aprendizajes básicos que no se hayan podido desarrollar durante el presente.
27. Puesta en marcha, desde el mismo inicio del curso, de programas de refuerzo, apoyo educativo y acompañamiento personalizado, si fuera preciso, tanto en horario escolar como extraescolar; incremento y refuerzo del programa PROA y similares. Estas medidas han de financiarse mediante la puesta en marcha de un fondo interterritorial de compensación educativa.
28. Creación de un plan específico que permita paliar las brechas digitales y forme al alumnado, para que pueda obtener el mayor beneficio educativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de cierre de centros.
29. Puesta en marcha de un programa específico de ayudas y becas que permita al alumnado que lo precise adquirir el material para seguir con éxito el desarrollo del proceso educativo en contextos virtuales y en línea.
30. Plan de centros abiertos para que las familias y el alumnado puedan participar en actividades destinadas a la utilización de recursos informáticos y la superación de las brechas digitales.
31. Prestar especial atención a las transiciones educativas, con el indispensable incremento de la labor tutorial y de orientación, para reducir la incidencia de problemas psicosociales a los que el alumnado pueda verse sometido en situaciones de aislamiento.
32. Impulso y desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje (opciones múltiples, enfoque constructivista, responsabilidades asumidas por docentes y alumnado, el profesorado debe regular el aprendizaje activo, atractivo y efectivo…) que permitan que la evaluación pueda desarrollarse tanto en contextos de educación presencial como a distancia y/o digital: porfolio, proyectos individuales y de grupo, trabajos de investigación, presentaciones, exposiciones y vídeos, evaluación de pares, autoevaluación, etc. En un nuevo escenario abierto y lleno de posibilidades, priorizar los intereses y propósitos de cada alumno y alumna, para ir configurando, con la ayuda de su tutor o tutora, la singularidad de su propio proyecto personal, profesional, social y vital.
33. En caso de un nuevo cierre de los centros educativos, adaptar las programaciones didácticas (modalidad de programación a distancia) y los contenidos a los procesos de desarrollo cognitivo y de autorregulación del alumnado: aproximadamente 20 minutos en Primaria y 40 minutos en Secundaria.
34. Nos debe preocupar, especialmente, la continuidad educativa de todo el alumnado que vive en una situación de pobreza, en riesgo y vulnerabilidad. En esta circunstancia, la llamada brecha digital supone un lastre importante, pero no podemos permitir que esta excluya a ningún estudiante. Dicha situación está asociada a la realidad económica y social de las familias, que condiciona el acceso y uso intensivo de Internet, y que difiere por comunidades autónomas.
35. Interesa sumar todas las fuerzas posibles a la tarea educativa. Para superar las diferencias de partida entre familias y comunidades autónomas, debe haber un plan de choque en el que se coordinen las distintas administraciones: central, autonómica y local, y que propicien la participación, en dicho plan, de ONG con experiencia acreditada en el campo de la educación y en el uso de las tecnologías, el trabajo por proyectos, las tareas de refuerzo y apoyo, la extensión educativa a domicilio, etc., que podrían ser de utilidad en estas circunstancias.
36. Garantizar un sistema que consolide buenas prácticas, no de manera generalizada, sino entendidas como experiencias de éxito en contextos y circunstancias determinadas, y genere, más adelante, las bases de un cambio de modelo educativo más personalizado y digital, en este proceso de pensamiento que ya no es lineal, sino circular, simultáneo, multilateral, rápido y cambiante, que permita al alumnado elegir y desarrollar su singular proyecto de vida, no solo desde el ámbito profesional, sino también personal y social.
37. Debemos hacer conscientes a los alumnos y alumnas que son la clave de la construcción del conocimiento, independientemente del perfil de familia en el que vivan, aunque para ello debemos poner a su alcance las oportunidades y herramientas necesarias, en este caso tecnológicas y de conectividad, pero no solo. La complicidad de toda la comunidad educativa, junto con las administraciones públicas, es básica para poder dar respuesta a este reto.
En relación con los centros educativos
38. Dentro del plan de formación del profesorado de centro: acuerdo y formación sobre las herramientas tecnológicas con las que se van a atender los procesos de enseñanza y aprendizaje; evitando angustiar al claustro, al alumnado y a las familias con la descarga o utilización de múltiples herramientas digitales. La tecnología es importante, pero hay que dar relevancia, si no priorizar, a tareas que impliquen pensamiento experto, comunicación compleja, toma de decisiones, solución de problemas, creación de escenarios y situaciones alternativas que ayuden a convivir con la incertidumbre y la complejidad.
39. Protocolos unificados de seguimiento educativo del alumnado.
40. Para conseguir avanzar en una situación de alarma, sin precedente, es importante que se desarrollen inversiones que propicien las políticas de protección social necesarias para que las familias en situación de precariedad y pobreza tengan unas expectativas de futuro para sus hijos e hijas.
41. Es urgente incrementar la inversión en educación, pero también en aquellas políticas sociales que hagan posible una atención de calidad, lo que nos lleva a reclamar la necesidad de que no se produzcan reducciones o cierres de unidades en los centros, al menos, durante el curso 2020-2021, mediante un compromiso de todas las administraciones educativas en el ámbito de la Conferencia Sectorial.
42. No obstante, y como ya se ha señalado, todo parece indicar que la vuelta a las aulas con normalidad en lo que resta de curso no va a ser posible, dada la evolución de la pandemia de Covid-19, y que el desarrollo del curso 2020-2021 será crucial para avanzar en el éxito educativo de todo el alumnado.
En relación con las administraciones educativas
43. Desarrollo de una plataforma pública de ámbito estatal, con la necesaria corresponsabilidad del resto de administraciones, que contenga los recursos educativos indispensables para desarrollar, desde planteamientos de equidad, inclusividad y calidad, un modelo de educación digital de alto valor: nube educativa.
44. Incremento decidido de las inversiones en conectividad e Internet de banda ancha, especialmente en los núcleos rurales y desfavorecidos. Estas inversiones deben permitir sostener la conexión sin interrupciones para un número masivo de alumnado y profesorado al mismo tiempo.
45. Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje a distancia y en línea, aplicando medidas para ofrecer el acceso de todo el alumnado. En caso de que no dispongan de los dispositivos tecnológicos necesarios y de conectividad, las administraciones educativas deben proporcionárselos con la suficiente rapidez como para que no se produzca un “efecto descolgamiento”, especialmente entre el alumnado con necesidades educativas específicas.
46. IVA reducido en productos informáticos de aplicación educativa en aquellas comunidades autónomas en las que no sean gratuitos para el alumnado, tanto en aparatos como en licencias de software y herramientas.
47. En la situación actual de crisis sanitaria y social se hace fundamental poner en marcha los mecanismos legislativos precisos para que los ayuntamientos recuperen las competencias en educación, así como reforzar la coordinación entre los servicios sociales y los centros educativos.
En relación con la estructura del sistema educativo y el currículo
48. Estas propuestas deben ser medidas coherentes, que no reproduzcan el modelo escolar (horarios, libro de textos y tareas educativas) que no tiene en cuenta ni las limitaciones del confinamiento, ni las oportunidades digitales en línea ni la propia capacidad de construcción del conocimiento del alumnado.
49. El sistema educativo tiene que ser flexible, adaptado al alumnado. Que no expulse prematuramente y que tenga los apoyos y pasarelas suficientes para que los y las estudiantes tengan garantizado el éxito educativo.
50. Hacer el modelo educativo más cooperativo, adaptado a los diferentes ritmos de aprendizajes y motivaciones del alumnado.
51. Un currículo básico común y flexible que se pueda diversificar y que garantice la autonomía de las comunidades autónomas, de los centros y del profesorado, y descargado de contenidos, que permita profundizar en la consecución de competencias, habilidades y destrezas esenciales. Se debe abordar una modificación del currículo para que sea más competencial que enciclopédico, permitiendo la organización de los aprendizajes en núcleos de ámbitos de conocimientos más amplios que las asignaturas o materias. Esto permitiría una mejor adaptación de la educación en línea y facilitaría la tarea del profesorado.
52. Metodologías más activas que impliquen más al alumnado en su propio aprendizaje, y al profesorado en una tarea más cooperativa y participativa con el alumnado y sus familias.
En relación con la evaluación
53. En las circunstancias actuales, en las que los procesos educativos de aprender a aprender son más importantes que nunca, se deben fortalecer los procesos de autoevaluación y coevaluación. El alumnado ha de hacer su propia reflexión consciente sobre el trabajo realizado, su finalidad y las circunstancias de este; sobre lo aprendido, la curiosidad, la investigación y desarrollo del propio conocimiento, y sus necesidades presentes y futuras.
54. La evaluación debe extenderse al conjunto del sistema educativo, analizando y valorando sus características globales, las políticas educativas adoptadas, las estrategias desarrolladas y los recursos invertidos. En estos momentos se hace imprescindible conocer de forma exhaustiva el impacto de las decisiones tomadas y su proyección futura.
55. Se propone un modelo de evaluación formativa que detecte tanto los procesos de mejora y progresos como las carencias y disfunciones para reorientar y reconducir el proceso educativo. Su finalidad debe ser eminentemente diagnóstica, además de tener otras características como continua, formativa, integral, orientadora, criterial y cualitativa. Y debe estar dirigida no solo al alumnado, sino al conjunto del sistema educativo.
4. Plan de Inversión en educación
La Federación de Enseñanza de CCOO calcula que, para acometer las medidas detalladas, es necesaria una inversión total de 7.385.102.443,36 millones de euros, desglosados según se recoge en el siguiente cuadro:
- Profesorado 5.151.474.000,00
- Formación 136.533.496,00
- Plan Compensación Educativa (programa de refuerzo + becas) 1.010.000.000,00
- Plan RENOVE centros 572.580.000,00
- Nube educativa 368.455.500,00
- Equipos informáticos nuevos 119.503.184,20
- Plan RENOVE informático 26.556.263,16
- Total 7.385.102.443,36
Plan Estatal de Incremento de la Contratación
Como ya se ha señalado en el Plan de medidas, la recuperación de la actividad educativa presencial debe dar respuestas a las medidas de distanciamiento social que necesariamente se habrá de llevar a cabo en las aulas: reformulación de los horarios de los centros para dar respuesta a la probable necesidad de que no todo el alumnado pueda estar físicamente al mismo tiempo, menor número de personas por aula, docencia compartida, apoyos y refuerzos educativos, digitalización, etc.
Es por ello por lo que se requiere incrementar el número de profesorado y de otro personal de apoyo y especializado en los centros, no solo vinculado al mantenimiento de la distancia social, sino también a la atención educativa tras un curso en el que se ha tenido que interrumpir la actividad lectiva presencial.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO consideramos obligatorio un Pacto Estatal de Incremento de Contratación que permita una mayor provisión de recursos humanos a los centros. Hay que destacar que el sistema educativo se empezaba a recuperar de los recortes que tuvieron lugar a partir de la aprobación
del RDL 14/2012. La presión sindical de los últimos años y la negociación colectiva en los últimos cursos había conseguido reducir el horario lectivo del profesorado en algunas comunidades autónomas, aunque todavía lejos de las 23 horas en Educación Infantil y Primaria y las 18 en Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Régimen Especial.
Según los cálculos que ha realizado CCOO, se debería aumentar la plantilla a nivel estatal en torno a un 33%. Este incremento de profesorado garantizará una mejor atención a todo el alumnado, ya que, indudablemente, la educación en línea no ha podido sustituir a la presencia del alumnado en el centro y se requerirá de medidas especialmente destinadas a consolidar los aprendizajes de los últimos meses, así como encarar los nuevos.
Además, permitirá la puesta en marcha de desdobles, refuerzos y apoyos, atención al alumnado con necesidades educativas y de compensación, apoyo a los centros y a las familias, etc.
Teniendo en cuenta la ratio propuesta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 15 alumnas/os por aula, y los distintos salarios anuales en cada comunidad autónoma, así como las cotizaciones sociales que corresponden a cada contrato, estimamos que hay que invertir 5.151.474.000 millones de euros para la contratación de un total de 165.191 docentes más de distintos cuerpos y especialidades.
Este número de docentes se concretaría de la siguiente manera:
Necesidad de un incremento de unidades en Infantil, Primaria y Secundaria de un 17%. Actualmente, hay 521.970 unidades y FECCOO estima que son necesarias 609.513, es decir 87.543 unidades más.
Este incremento de unidades lleva aparejado el aumento de profesorado para su atención educativa, que se cifra en 165.191 maestras/os y profesoras/es más en las etapas educativas y enseñanzas: tutoras/es de Infantil y Primaria, especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), Profesorado Técnico al Servicio de la comunidad (PTSC), Educación Especial, departamentos didácticos, apoyos, desdobles, agrupamientos flexibles, Enseñanzas de Régimen Especial (enseñanzas artísticas de música, danza, artes plásticas y diseño, arte dramático, conservación y restauración, conservatorios y escuelas oficiales de idiomas), Enseñanzas de Personas Adultas, etc.
Plan Estatal de Inversión en Formación Permanente del Profesorado
Como hemos argumentado, es imprescindible un Plan Estatal de Formación Permanente del Profesorado. Por ello, en el marco del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se debe impulsar un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales.
Como se indica en el Anexo sobre la evolución de la inversión en la Formación Permanente del Profesorado, los últimos diez años han supuesto un gran retroceso en la inversión, un 53,2%.
Desde la Federación de Enseñanza de CCOO consideramos fundamental recuperar la inversión en Formación Permanente del Profesorado tomando como referencia la que se realizaba hace diez años. Esta debe venir con una partida inicial de 136.533.496 millones de euros para el próximo curso.
Los Planes de Formación Permanente del Profesorado orientados al refuerzo de la competencia digital docente y para dar respuesta a emergencias sociosanitarias se incluirán de manera preferente en los Planes de Formación del Profesorado que las distintas comunidades elaborarán para el curso 2020-2021, y se concretarán en planes de formación específicos en los centros educativos, para que puedan adaptarse a los distintos contextos del alumnado.
Todo el profesorado debe tener acceso a la formación, incluido el personal interino y el que se encuentre en las distintas listas, independientemente de si está en activo o no.
De igual manera, se pondrán en marcha convocatorias, desde las administraciones educativas, de proyectos de innovación educativa plurianuales, que impulsen el desarrollo del profesorado, tanto a nivel de centro como individual, de las competencias para promover procesos educativos en entornos digitales y de emergencias sanitarias.
Fondo Interterritorial de Compensación Educativa: Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo a la Educación. Programa de Becas y Ayudas al estudio.
En la nueva etapa que se abre hay que poner en marcha desde el inicio del curso de programas de refuerzo, apoyo educativo y acompañamiento personalizado, si fuera preciso, tanto en horario escolar como extraescolar: incremento y refuerzo del programa PROA y similares. Este estaría dotado, al menos, con 600 millones de euros.
En lo referente a Becas y Ayudas al estudio, en las enseñanzas no universitarias sería preciso un incremento para el curso 2020-2021 de 410 millones de euros.
Estas medidas han de financiarse mediante la puesta en marcha de un Fondo Interterritorial de Compensación Educativa, liderado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que contaría en su arranque con un presupuesto de 1.010 millones de euros.
Plan Estatal de RENOVE de centros educativos
Enfrentar la vuelta a la educación presencial requiere de cambios en los centros educativos, muchos de ellos muy antiguos, con diseños que hacen difícil introducir modificaciones para garantizar la distancia social y las medidas de seguridad y salud. Además, la posibilidad de que se tengan que desdoblar grupos va a requerir de una reestructura de centros.
Por ello, urge la puesta en marcha de procesos de rehabilitación de infraestructuras, habilitar nuevas instalaciones y reapertura de centros educativos cerrados como consecuencia de los recortes en educación, que se englobe dentro de un Plan RENOVE de centros educativos.
El coste total del programa para los 19.086 centros educativos de la red pública se estima en una inversión mínima de 572.580.000 euros.
Plan de inversión de digitalización en el ámbito educativo
La crisis sanitaria del Covid-19 ha traído consigo la necesidad de abordar las tareas educativas a través de Internet. Esto ha supuesto un reto para el sistema y ha puesto al descubierto déficits en los recursos e infraestructuras, constatando así mismo una brecha digital en el alumnado.
Sin duda estos elementos hay que abordarlos desde el ámbito del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y las distintas administraciones.
Para superar esta brecha digital de inicio, garantizar la conectividad necesaria y dotar la nube educativa de los materiales fundamentales, se hace imprescindible una inversión inicial de, al menos, 368.455.500 euros.
En este contexto, garantizar que hay un ordenador por docente (ver Anexos), significaría una inversión de un mínimo de 119.503.184,21 millones de euros.
Además, las administraciones educativas deben hacer un Plan RENOVE de los equipos informáticos ya existentes, lo que sin duda llevará una partida adicional de 26.556.263,16 millones de euros.
Son especialmente preocupante los servicios en la nube tanto para alumnado como para familias, tal y como detallamos en los Anexos. Como se ha recogido en las medidas educativas, es imprescindible que se refuerce este servicio, garantizando el acceso a los recursos educativos. Sin duda, esto tiene que formar parte de un Pacto entre las autoridades estatales y las administraciones autonómicas.
5. Plan de empleo
Se tiene que abordar, de manera inmediata, el problema de la temporalidad en el sector educativo y paliar la estacionalidad del trabajo, vinculada a la duración del curso académico, lo que supone una enorme inestabilidad en las plantillas docentes (mensualmente se realizan decenas de miles de contratos en el sector educativo; en sus diferentes modalidades, prácticamente el 90% de ellos son temporales), con el consiguiente perjuicio para el alumnado.
Además del porcentaje de contratos temporales, hay que destacar que, en lo que va de curso 2019-2020, el 48,7% de los contratos son de obra y servicio. Sin duda es un porcentaje extremadamente elevado para un sector que se rige por tiempos muy concretos y que, en esta situación de crisis sanitaria, ha motivado multitud de rescisiones de contrato. Estas prácticas, muy arraigadas en el sector, deben ser controladas por las autoridades laboral y educativas.
Es urgente una apuesta clara por el empleo estable en todo el sector, y eso pasa por la interlocución con el Ministerio, las administraciones, las patronales y por un gran pacto por el empleo en el sector educativo.
Es imprescindible que se agilicen los procesos de estabilización del personal docente de la educación pública derivados del I Acuerdo por la mejora del empleo, que implicaría la convocatoria de 83.215 plazas docentes, así como de todas aquellas plazas que responden a la ampliación de plantilla que la Federación de Enseñanza de CCOO propone.
Anexo I: El sector educativo en el contexto de la pandemia de Covid-19. Datos y cifras
1. El empleo en el sector educativo
Es el primer afectado en el sector educativo por la crisis del Covid-19 y así se está viendo en los datos oficiales que se ofrecen desde el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social y que, sin duda, empeorarán en las próximas fechas.
Una de las características del sector educativo que afecta a los/las profesionales y/o trabajadores/as es la estacionalidad en la contratación, que se vincula al curso escolar. El volumen de contratación es más elevado en los meses de septiembre y octubre, y desciende bruscamente en los meses de periodo no lectivo.
El volumen de contratos fijos sobre el total es menor del 10% como norma general cada mes. Para muestra, los dos últimos cursos, 2018-2019 y 2019-2020, lo que, sin duda, va a influir en la facilidad para rescindir contratos durante la crisis.
La Federación de Enseñanza de CCOO estima que unas 3.455 personas que se encontraban en las listas de interinidad no han sido llamadas (sustituciones, apoyos FP, etc.) durante las últimas semanas. Dicha estimación se hace a partir de los datos de afiliación media a la Seguridad Social en comparación con el crecimiento medio de los últimos seis años en las mismas fechas.
La media de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del profesorado de enseñanzas públicas de los meses de marzo respecto a febrero desde 2014 es de un 1,65% de media, mientras que en el último mes ha sido de un 0,73%, lo que es un efecto evidente de las políticas de recortes que han aplicado las distintas comunidades autónomas en un momento como este, en el que el alumnado más necesita del apoyo y seguimiento del profesorado.
Los datos proporcionados por el SEPE confirman esta tendencia negativa. En concreto, se puede ver cómo se han realizado 16.432 contratos menos en marzo de 2020 respecto al mismo mes de 2019.
No podemos prever un impacto real en el empleo en una situación que no tiene precedentes. Solo en la situación hipotética de que la reducción de empleo que se produce en los meses estivales se adelantase este año a los meses de abril, hasta septiembre estaríamos hablando de 106.850 contratos menos.
Además, habría que sumar toda la destrucción de empleo que tendrá lugar tras los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han ido aplicando estas semanas y que desconocemos tanto en números absolutos como en cuanto a la plantilla a la que afectan.
De igual manera, el incumplimiento del I Acuerdo para la Mejora del Empleo Público por parte de las comunidades autónomas (nueve no han aprobado en sus ofertas públicas de empleo ni la mitad de las plazas de estabilización que tenían que concretarse, lo que es un claro indicador de que las administraciones educativas, a pesar de las reiteradas demandas de CCOO, no han querido cumplir el Acuerdo), unido a la falta de liderazgo del Ministerio de Educación y Formación Profesional, han llevado al aumento del envejecimiento de las plantillas (más de 120.000 jubilaciones en los próximos diez años). Para cubrir estas plazas y las que
han quedado desiertas en las últimas Ofertas Públicas de Empleo, junto a las nuevas comprometidas, es indispensable la convocatoria de un total de 83.215 plazas. Solo así se conseguirá cumplir el objetivo de reducir al 8% la tasa de temporalidad.
2. Una herramienta fundamental ante la pandemia del Covid-19: la recuperación de la Formación inicial del profesorado
Durante la época de recortes en educación han disminuido sensiblemente las partidas presupuestarias de las distintas administraciones públicas destinadas a la formación permanente del profesorado. El estudio de la evolución del gasto en formación de los últimos diez años, según presupuestos por comunidad autónoma, indica que en el ámbito estatal la disminución ha sido del 53,2%, esto es, de 269.833.500 a 152.490.000 de euros.
Esta reducción del compromiso de las autonomías con la formación permanente del profesorado, con el consiguiente efecto negativo en los procesos educativos, se podrá visualizar de manera más clara si atendemos, por ejemplo, al gasto en euros corrientes por docente en el curso 2009-2010.
O al gasto de 2018, en el que las diferencias se continúan manteniendo.
Para ello consideramos que hace falta un Plan de formación permanente del profesorado que cuente con una financiación inicial y que incremente la actual inversión en al menos 136.533.496 euros.
3. Los entornos y las herramientas para desarrollar los procesos educativos en entornos virtuales y en línea
La crisis sanitaria del Covid-19 ha traído aparejada la exigencia de abordar las tareas educativas de manera virtual y a través de Internet. Esta nueva y hasta ahora desconocida situación ha dejado al descubierto necesidades que tiene el sistema educativo en lo que se refiere a los recursos de los que el personal docente y los centros disponen para poner en marcha, dentro de su práctica diaria, estrategias de enseñanza-aprendizaje de este tipo.
Además de los recursos materiales, la enseñanza en línea supone también un cambio en las metodologías didácticas y en el acceso a las herramientas materiales que permiten su puesta en funcionamiento con éxito. Es decir, con equidad y calidad, teniendo siempre muy presente la notable influencia de las brechas digitales en este proceso.
Los centros carecen de los medios materiales suficientes para el manejo de las nuevas tecnologías. El número de docentes por ordenador es de 1,9 de media a nivel estatal.
Solo el 21,7% de los centros educativos tienen servicios en la nube al que pueden acceder las familias. El 40,3% no tiene servicios en la nube a los que puedan acceder el alumnado.
Casi un 12% de los centros educativos no universitarios no cuentan con un entorno virtual para el aprendizaje del alumnado. En comunidades como la de Navarra y Asturias este porcentaje supera el 30%. Por otro lado, apenas el 27,8% de los centros educativos cuentan con un entorno virtual accesible a las familias del
alumnado, porcentaje que desciende al 13,3% y al 14,9% en Canarias y Asturias, respectivamente.
